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Miércoles, 18 de mayo de 2005

La vivienda y el estado del bienestar

A los 60 años del fin de la II Guerra Mundial, que conmemoramos estos días, el balance del período no puede ser más satisfactorio: la larga etapa de paz europea, más prolongada que ninguna otra, ha tenido como consecuencia inmediata un proceso de colaboración entre antiguos contendientes que ha cristalizado institucionalmente en la Unión Europea.

Desde el punto de vista social, se ha mejorado el equilibrio social y se ha asentado el Estado de Bienestar, que en mi opinión es uno de los fundamentos más sólidos de la paz que disfrutamos.

La vivienda es uno de los componentes más decisivos del estado de Bienestar, de modo que el acceso real a la misma constituye uno de los objetivos políticos de mayor relieve. No se puede construir una sociedad equilibrada sin que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna dentro de ámbitos urbanos valiosos.

La economía del mercado que tanto ha contribuido a aumentar la riqueza y el bienestar de nuestras sociedades no se ha mostrado capaz de evitar que las desigualdades florezcan, aunque ha sido, en el largo plazo, el instrumento más poderoso para mejorar la calidad de vida de todos. Pero así como hay otros componentes que el Estado de Bienestar puede postergar en el tiempo, la vivienda es un problema que exige una resolución inmediata, a corto plazo.

Hemos asistido estos últimos años a la explosión del sector inmobiliario, de forma que el impresionante aumento de la demanda ha contribuido a un alza severa de los precios de suelo, que han repercutido notablemente en el precio final de las viviendas.

Estos procesos no pueden ser controlados por los mecanismos que proporciona la economía de mercado, desmintiendo a quienes creían que una mera liberalización del mercado del suelo permitiría su equilibrio, sino por otros instrumentos de carácter indirecto que moderen el nivel de precios y proporcionen la posibilidad real de adquirir viviendas a los sectores sociales que encuentran más dificultades para comprarlas en el mercado libre.

El urbanismo es desde nuestro punto de vista uno de los instrumentos más eficaces para intervenir ese mercado sin alterar decisivamente las reglas de juego generales. Desde la Conselleria de Territorio y Vivienda que dirige Rafael Blasco, y en la que el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) se encuentra incluida, se han concebido 4 líneas instrumentales que han de actuar paralelamente para aumentar la disponibilidad de viviendas y atenuar su precio.

1.-- Superar la tentación de considerar que basta con la aceleración de los procesos administrativos de concesión de aprobaciones y licencias para aumentar la masa de suelo edificable sin que ello afecte a la gestión global del territorio y a la calidad de nuestras ciudades. Así, tanto la Ley de Ordenación del Territorio como la reforma de la LRAU elaboradas por la Conselleria de Territorio y Vivienda imponen medidas de control para evitar la merma de la calidad territorial y del paisaje sin implicar una demora en la tramitación administrativa.

2.-- Promover la intervención directa de la administración a través de un ambicioso Plan de Vivienda. Aunque tal intervención no es novedosa en la historia política española o valenciana nunca, como ocurre en la presente legislatura, se había cifrado la producción de viviendas en una cantidad tan elevada como la que se propuso en el programa electoral de Partido Popular. Pese a la magnitud del compromiso, 65.000 nuevas viviendas protegidas en este cuatrienio, la Conselleria de Territorio y Vivienda y el IVVSA pueden anunciar que a dos años vista del cumplimiento del plazo previsto hay plenas garantías de que el compromiso será, no solamente cumplido, sino ampliamente rebasado.

3.-- Garantizar la futura creación de vivienda sociales mediante la imposición de una tasa porcentual de viviendas protegidas en los procesos de nueva edificación. Frente al desenfreno neoliberal, que fía al mercado la garantía de atender las demandas sociales para las capas de menor nivel de renta, y el absurdo intervencionismo de algunas administraciones, que proponen un porcentaje excesivo de viviendas sociales, la medida acordada en nuestra Ley Urbanística, garantiza la posibilidad de atender todos los segmentos de mercado sin promover tensiones inflacionarias en los segmentos de mayor nivel.

El examen de la experiencia vasca (donde la tasa aumenta hasta el 60%) disipa todas las dudas respecto a la necesidad de moderar las proporciones de viviendas protegidas, pues no ha conducido a disminuir el valor del suelo sino a pervertir el sistema de precios, estrangulando el mercado intermedio y elevando artificialmente los precios en el mayor nivel, lo que ha dejado a amplias capas de la sociedad sin capacidad para acudir al segmento de oferta más adecuado a sus rentas. La nueva Ley Urbanística cuenta con el consenso de todos los sectores sociales y empresariales consultados, condición que acredita su viabilidad futura.

4.-- Mejorar la calidad urbana de los proyectos y desarrollar nuevas experiencias de hábitat. No puede bastarnos una producción indiscriminada de viviendas a lo largo de toda la Comunidad Valenciana para satisfacer adecuadamente las necesidades de nuestros ciudadanos. La vivienda social no puede ser un colector discriminante para los sectores sociales de menor renta ni puede promover su segregación física y funcional.

Por último, la cuantía del precio exigible no debe impedir que las viviendas y los espacios urbanos que se produzcan tengan una elevada calidad de diseño y de ejecución, sino que, por el contrario, deben responder, también en lo cualitativo, a las múltiples exigencias de los ciudadanos.

Enlace noticia El Periódico Mediterraneo

Por: Animalista | Noticias | Comentarios (0) | Referencias (0)

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